Cuarto día de protestas contra las redadas migratorias en la ciudad de Los Ángeles

Por cuarto día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles para repudiar las redadas de inmigración ordenadas por el presidente Donald Trump, con el despliegue no solamente de elementos de la Guardia Nacional que protegen a agentes de ICE y edificios federales.
Después de que el presidente actuara ilegalmente para federalizar la Guardia Nacional, que posteriormente se convirtió en el foco de protestas a gran escala el domingo, el estado acordó desplegar más de 800 agentes del orden estatales y locales adicionales en Los Ángeles “para limpiar el desastre causado por el presidente Trump”, dijeron.
Actuando con rapidez para apoyar la respuesta local a las acciones federales que han causado disturbios en Los Ángeles, el gobernador Gavin Newsom anunció el aumento en la ayuda mutua de las fuerzas del orden estatales y regionales.
“El caos es exactamente lo que Trump quería; ahora estamos enviando cientos de agentes del orden adicionales para limpiar el desastre. Los líderes estatales y locales se mantienen unidos, coordinados y decididos para garantizar la seguridad de la región de Los Ángeles”.
El lunes, al menos 400 agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) fueron enviados a Los Ángeles para ayudar a sofocar las protestas y colaborar con los agentes del LAPD y alguaciles del condado de Los Ángeles. Otros 240 alguaciles de San Bernardino, Orange, Santa Bárbara y Ventura también se unirán para imponer el orden.
 
Centro de LA
De nueva cuenta, los manifestantes invadieron la zona céntrica de la ciudad y se concentraron principalmente alrededor del complejo de edificios federales en las calles Aliso, Los Ángeles y Alameda donde el tráfico vehicular fue un caos para todos.
En dicha zona se ubican Centro de Detención Metropolitano federal, el edificio del tribunal federal Edward R. Roybal y el edificio federal que alberga las oficinas del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos, cuyas paredes han sido vandalizadas con grafito.
A pesar de las multitudes, no se reportaron confrontaciones iniciales entre las autoridades del orden y los manifestantes como el domingo, donde 42 personas fueron arrestados por delitos como como intento de asesinato con cóctel molotov, agresión con arma letal a un agente de policía, saqueo y por no dispersarse. El sábado habían sido arrestadas 29 personas por desobedecer una orden de dispersarse.
“Los inmigrantes estamos totalmente vulnerables por el terror del estado”, dijo Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (COFEM), durante una rueda de prensa en la Placita Olvera. “Estamos a merced de los caprichos del presidente Donald Trump, que nos está aterrorizando”.
Moreno advirtió que “desgraciadamente” los asesores de Trump anhelan que ocurran más reacciones violentas de los presuntos agitadores infiltrados entre quienes defienden los derechos de los inmigrantes. Agregó que estos agitadores están afiliados a la liberación de Palestina y cubren sus rostros con una bufanda árabe, también conocida como kufiya o shemagh.
“Quieren que alguien muera para hacernos más daño y justificar el envío de militares para declarar a Los Ángeles en estado de sitio”, añadió. “La narrativa de Trump es de violencia; nuestra gente no es criminal. Solo viene a trabajar. No traen en sus manos bombas molotov”.
Muchos líderes locales y estatales, incluyendo a la alcaldesa Karen Bass y al gobernador Newsom, han acusado a Donald Trump de excederse en su autoridad e incitar a las multitudes.
El domingo, manifestantes y agitadores incendiaron vehículos y atacaron a los policías con piedras, fuegos artificiales y otros proyectiles. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y disparos de munición no letal. Cinco policías y cinco caballos de la policía montada sufrieron leves lesiones.
 
LAX y Santa Ana
La serie de protestas se extendió al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) donde del Centro de Políticas para Inmigrantes de California (CIPC), del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-LA) y otras organizaciones protestaron contra la nueva prohibición de viaje ampliada del presidente Trump.
Dicha prohibición de viaje restringe la entrada de ciudadanos de 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La mayoría de estos países son musulmanes.
“Como inmigrante iraní y musulmán, estoy indignado por la nueva prohibición de la istración Trump contra musulmanes y africanos”, declaró Masih Fouladi, director ejecutivo del CIPC.
“Al igual que sus medidas migratorias que están sembrando el caos en las calles de Los Ángeles, esta prohibición separará familias y destruirá los cimientos de California y de Estados Unidos, que se han fortalecido gracias a las contribuciones de las comunidades inmigrantes”.
Mientras que en el condado de Orange, unos 200 activistas se congregaron frente al edificio de inmigración en la ciudad de Santa Ana para oponerse a las medidas de control migratorio de la Casa Blanca.
“¡No al ICE ¡No al KKK! [Ku Klux Klan} ¡No a un Estados Unidos fascista!”, gritaron los manifestantes.
“Queremos asegurarnos de que mis electores puedan expresar su desacuerdo”, declaró la concejala Jessie López.
 
David Huerta
David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de California, fue liberado bajo una fianza de $50,000.
Huerta, de 58 años, fue arrestado el viernes acusado de obstaculizar la aplicación de la ley durante una redada de inmigración en el Distrito de la Moda. Él se encontraba en el sitio como observador.
Huerta compareció en la Sala 640 (sexto piso) del Edificio Federal Edward R. Roybal y Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. La magistrada federal Jacqueline Chooljian ordenó su liberación.
La comparecencia de Huerta está programada para el 7 de julio a las 11:30 am
Descalzo, con calcetines de reo, visiblemente consternado y rodeado de sus hijos y su esposa, Huerta reveló que su audiencia estuvo a punto de ser cancelada por las manifestaciones del domingo. A todos los mantuvieron en aislamiento.
El líder sindical aprovechó su libertad para leer los testimonios de algunos reclusos que temen ser deportados a sus países, donde temen perder la vida.
Uno de ellos era José Carlos Orellana, de El Salvador, a quien le preocupa su hija.
Huerta agradeció a la alcaldesa Karen Bass y al congresista Adam Schiff por haberlo visitado en prisión.
En su mensaje a la ciudad de Los Ángeles y al país, dijo: “Esta lucha no es solo de nuestra comunidad. Es de todos nosotros. No dejemos que la comunidad inmigrante luche por ellos mismos. Todos tenemos que luchar”.
Relató que un inmigrante arrestado de El Salvador, que llegó a Estados Unidos en 2007, huyendo de ser reclutado por las pandillas le habló de su miedo de regresar a esa nación, sobre todo porque en su cuerpo tiene un tatuaje de la Virgen de Guadalupe.
“Él va a ser considerado un criminal en la cárcel de [Nayib] Bukele. Sabe que solo puede estar seguro aquí [en Estados Unidos}”.

Amenazas de muerte
“Efectivamente, han ido contra David [Huerta]” para hacer de su arresto un ejemplo de lo que puede pasarle a cualquier persona, subrayó Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“Nosotros estamos recibiendo amenazas de muerte en nuestra oficina”, indicó. “Es una situación horrible en este momento”.