EE.UU. presiona a México para ir tras políticos vinculados con cárteles

El gobierno de Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y para que los extradite a Estados Unidos si existen cargos penales que responder allí, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por Reuters.

Las solicitudes, planteadas al menos en tres ocasiones por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción, según informaron cuatro personas familiarizadas con el asunto.

En sus conversaciones, los funcionarios estadounidenses han pedido medidas contra varios políticos del partido Morena y han amenazado con imponer más aranceles si México no actúa.

Esta ofensiva, que podría afectar a funcionarios electos de alto rango mientras estén en el cargo, marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico.

Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a de su propio partido, según declaró a Reuters un miembro de su gabinete de seguridad.

Estados Unidos planteó la solicitud por primera vez en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, según informaron las cuatro personas familiarizadas con el asunto.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la reunión. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también estuvieron presentes.

Como parte de las conversaciones, dos personas familiarizadas con el asunto indicaron a Reuters que funcionarios estadounidenses plantearon la idea de nombrar a un responsable estadounidense del fentanilo, para que se comunique directamente con Sheinbaum sobre los avances en la lucha contra este opioide sintético mortal.

Washington también presionó a México para que realizara inspecciones más exhaustivas de la carga y los viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles.

Los gobernadores estatales y legisladores federales en funciones gozan de inmunidad procesal por la mayoría de los delitos y solo pueden ser procesados ​​por delitos federales graves, como narcotráfico o crimen organizado, si lo autoriza el Congreso mexicano.

Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado ni pruebas en su contra.

Sin embargo, dos de las fuentes afirmaron que se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

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